Brasil en colisión con Europa por gestión «antiambientalista»
Un nuevo y más extenuante capítulo de la conflictiva relación entre el actual gobierno y sus pares del viejo continente tiene lugar ahora en términos más inmediatos y bastante menos diplomáticos. ¿Consecuencias?
Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Jair Bolsonaro anunció que Brasil «saldría del Acuerdo de París», entre otras proclamas que preocuparon a expertos en relaciones internacionales y medioambiente. Pero, cinco meses después de que el mandatario asumiera la presidencia, en junio su homólogo francés Emmanuel Macron amenazó con suspender las conversaciones sobre un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur si el líder brasileño no expresaba su compromiso con la tratativa internacional firmada en 2015 por 195 países. El Acuerdo tiene por cometido combatir el cambio climático por medio de la reducción de gases de efecto invernadero. Bolsonaro sintió la presión y decidió seguir con lo acordado.
Sin embargo, un nuevo y más extenuante capítulo de la conflictiva relación entre el actual gobierno brasileño y sus pares europeos por temas ambientales tiene lugar ahora en términos más inmediatos y bastante menos diplomáticos. En el contexto de una serie de medidas tomadas por la gestión Bolsonaro en relación con el Fondo Amazonia, se agregó la difusión de números que muestran un aumento galopante de la deforestación de la región: 68 %, en comparación con lo registrado en julio del año pasado.
Creado hace diez años, el Fondo Amazonia es el principal proyecto de cooperación internacional para la preservación de la Amazonia y tiene en la deforestación su principal indicador de éxito o no. Noruega aporta 93,3 % de los recursos del fondo, Alemania otros 6,2 % y Brasil, 0,5 %.
Las relaciones ya estaban caldeadas porque la gestión Bolsonaro desea dar otros usos a los recursos por fuera de la preservación (como indemnizar a propietarios por expropiaciones de tierras en áreas de conservación), y el Ministerio de Medio Ambiente brasileño extinguió consejos y alteró otros elementos de estructuras administrativas vinculadas al mecanismo.
Alemania y Noruega
Después de la difusión de los datos recientes de deforestación, el gobierno alemán decidió bloquear € 35 millones que serían utilizados en iniciativas de preservación. Bolsonaro reaccionó diciendo que la canciller alemana Angela Merkel debería usar ese dinero para reforestar su propio país. «Allá se necesita más que acá», afirmó.
Cuatro días más tarde, el Ministerio del Clima y Medio Ambiente de Noruega anunció que también detendría el pago de alrededor de € 33 millones al Fondo Amazonia. «Brasil rompió el acuerdo que tenía con Noruega y Alemania desde que cerró la directiva del Fondo Amazonia y su Comité Técnico», dijo el ministro del área, Ola Elvestuen. Agregó que «hay motivos de preocupación» y que «Brasil muestra que ya no quiere contener la deforestación».
En su transmisión en vivo por Facebook, que mantiene los jueves como forma de expresarse directamente —sobre todo con su base de apoyadores—, el presidente brasileño respondió a la decisión nórdica con la afirmación de que Noruega «no tiene moral para dar ejemplos». Dijo que en país «hay matanza de ballenas y que retira petróleo del Polo Norte». Concluyó que los países «que hacen campaña contra Brasil» están interesados en las riquezas y «el subsuelo» del país.
«Política antiambiental»
Una de las grandes gotas que rebasó el vaso en la relación con los países europeos fue la difusión de datos del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, por su sigla en portugués), capturados por satélites, de que más de 1000 km2 de foresta amazónica habían sido deforestados en la primera quincena de julio, un crecimiento de 68% en relación a julio de 2018.
Los datos se encuentran en el SAD (Sistema de Alerta de Deforestación), que registra mensualmente las acciones de deforestación a través de la combinación de imágenes de satélites. El informe es publicado por la organización Imazon (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de Amazonia). Con la repercusión negativa del informe, Bolsonaro dijo que la información no correspondía a la realidad y, en encuentro con la prensa extranjera, afirmó que «con todos los datos de deforestación que ya se han difundido, a esta altura la Amazonia ya se habría extinguido».
Plantación de soja en el municipio de Alto Paraíso, Goiás | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil, vía WikiCommons
También criticó al INPE porque consideró que los números no podrían haber sido difundidos sin pasar por él antes, ya que podrían perjudicar negociaciones y acuerdos. «No se quiere huir a la verdad, pero tampoco tener una propaganda negativa de Brasil», argumentó.
En medio de una crisis pública con la Administración federal, Ricardo Galvão, entonces director del instituto de investigaciones, terminó exonerado. En su lugar el gobierno brasileño puso el militar Darcton Policarpo Damião, doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia y con maestría en el INPE.
Menos multas y «mundo real»
El aumento de la deforestación se hace acompañar de una caída de 23% en las multas aplicadas en los primeros seis meses de este año a acciones de deforestación, comercio de maderas e incendios. Los datos son oficiales, del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Renovables, órgano responsable por la fiscalización de estos delitos).
Entidades como el Observatorio del Clima y exdirigentes del Ibama vienen señalando que la retórica de desestímulo a la preservación y a la fiscalización es uno de los factores de la caída de la vigilancia en relación con estos crímenes. Incluso, según el Observatorio del Clima, a partir de datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información brasileña, en la Amazonia la fiscalización disminuyó un 70% hasta abril de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ellos tildan a la política de Bolsonaro como antiambiental.
Solo en julio, el Ibama, órgano que hace 30 años fiscaliza la acción ambiental en Brasil, enfrentó dos protestas con incendio de puentes y vehículos del órgano por parte de madereros (comerciantes de madera) que hacen extracción de madera ilegalmente de tierras indígenas de los estados de Pará y Rondônia.
Es importante recordar que el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, cuenta con el apoyo de la bancada ruralista en el Congreso. Después de ese conflicto, Salles fue al encuentro de los madereros y dijo que Brasil tiene un exceso de producción de normativas y que el Gobierno va a acercar las leyes «del mundo real».
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