Breve mirada a la situación en Ecuador: ¿qué sucede?
Ecuador ha enfrentado una conmoción social desde hace más de una semana. Para tratar de entenderla se deben analizar la relación de Ecuador con el FMI, las reformas económicas del gobierno de Lenin Moreno y el paro nacional.
Mediante un paulatino acercamiento desde el 2017 entre el gobierno de Lenin Moreno y el Fondo Monetario Internacional, el 11 de marzo de 2019 esta organización aprobó un acuerdo de USD 4200 millones en favor de Ecuador para los próximos tres años, en el marco del servicio ampliado del FMI. El acuerdo está encaminado principalmente a la disminución de la relación deuda total/PIB. En el 2007, cuando inició el mandato de Rafael Correa, fue de 27,2 %. En 2017, con el gobierno de Moreno fue de 41,3 % y el último coeficiente a diciembre de 2018 fue de 45,2 % (PIB: USD 109.454,3 millones y deuda total: USD 49.429,2 millones), según las cifras del Ministerio de Finanzas. Esto significa que prácticamente se ha duplicado, quizás como resultado del aumento del tamaño del Estado y por las deudas contraídas con China desde el mandato de Correa. Las recetas del FMI tienen un rechazo generalizado en cualquier país porque incluyen medidas de austeridad para controlar el gasto público, reformas del mercado laboral, etc., que pueden tener fuertes impactos sociales.
Precisamente, el 1 de octubre de 2019, en cadena nacional, el presidente Moreno anunció una serie de reformas económicas, respaldadas por el FMI según un comunicado de esta entidad. Entre las principales medidas, que ingresan mediante el decreto presidencial 883 están: la eliminación del subsidio al precio del diésel y de la gasolina extra; inclusión de 300.000 familias en el grupo de las que reciben bonos, con aumento simultáneo de estos en USD 15 mensuales; eliminación y reducción de aranceles para maquinaria y algunos dispositivos tecnológicos; renovación de contratos ocasionales con una quita del 20 % en su remuneración. Adicionalmente, con carácter de urgente (requiere de aprobación de la Asamblea Nacional en máximo 30 días), señaló otras propuestas de reformas económicas y laborales; entre estas: impuesto a la renta único para el banano; reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas e insumos para bienes de capital; disminución de las vacaciones de empleados públicos de 30 a 15 días al año, con excepción de la fuerza pública y los servicios sociales; nueva forma de jubilación patronal en la que los empleadores incrementan su aporte mensual en 2 % para nuevos trabajadores, valor que podrá ahorrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en fondos privados. Hasta el momento, estas propuestas de reforma no ingresaron a la Asamblea Nacional.
El presidente enfatizó durante la cadena nacional que al Ecuador el subsidio a la gasolina le representa más de 1300 millones de dólares al año. Esta es sin duda una medida impopular, intocable desde el boom petrolero hace cuarenta años, y la más controversial porque puede llevar al encarecimiento del transporte y de productos de primera necesidad. Por ello, tras el anuncio de las medidas, el 2 de octubre el gremio de transportistas, a través de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP), expresó su descontento y desde el jueves 3 de octubre inició un paro nacional. Este sector tiene una gran organización y poder, y es habitual que previo a elecciones presidenciales o seccionales los candidatos deban negociar con él.
El artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador [1] establece el derecho a la resistencia y con ello la protesta social. No obstante, las manifestaciones obstaculizaron las jornadas laborales diarias, se suspendieron las clases y algunos negocios decidieron cerrar porque la delincuencia común aprovechó las circunstancias para realizar saqueos. El 3 de octubre de 2019, Lenin Moreno declaró el estado de excepción en todo el país por 60 días (luego la Corte Constitucional lo redujo a 30).
El viernes 4, uno de los principales dirigentes del taxismo, Jorge Calderón, fue detenido, acusado de paralizar un servicio público. [2] En la noche, el gremio de transporte dio por finalizado el paro porque se anunció una reunión entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito para análisis técnico del incremento de las tarifas de transporte inter e intraprovincial. Luego, se dejó en manos de los gobiernos municipales la determinación de un alza de pasajes máximo de 10 centavos en la tarifa (la actual es de 25 centavos).
Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento de algunas autoridades municipales, la Agencia Nacional de Tránsito determinó los precios con un incremento del 32 %, pasando de USD 0,25 a USD 0,35 en ciudades como Quito y Guayaquil. La ANT continúa hasta el momento publicando las nuevas tarifas interprovinciales.
Si bien el sector de transporte anunció la finalización del paro el 4 de octubre, no había buses en circulación, pues las alcaldías no oficializaban el alza del pasaje. Es claro que la medida tiene un alto costo político y se notó que varias figuras públicas pensaron cuidadosamente su posición y lo que esta podría representar para las próximas elecciones presidenciales de 2021. Asimismo, al momento del anuncio de los transportistas se habían sumado más personas a la protesta como estudiantes y, principalmente, grupos indígenas.
De acuerdo con la CELADE, 7 % de la población ecuatoriana se autoidentifica como indígena. Así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) oficializó desde el 3 de octubre una movilización dirigida hacia Quito y convocó a un paro nacional para el 9 de octubre pidiendo la eliminación del decreto 883. En el twitter de la CONAIE han denunciado en estos días una desmedida represión de la fuerza pública, que intervino el día 8 de octubre enfrentando a los manifestantes que tomaron el interior del Palacio Legislativo e irrumpieron en la Contraloría General del Estado. Lamentablemente, el sábado 12 de octubre delincuentes infiltrados nuevamente ingresaron al edificio de la Contraloría General y quemaron las instalaciones.
La ONU hizo un llamado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y recordó los principios de derecho internacional para el uso de la fuerza. Las autoridades ecuatorianas han indicado que el uso de la fuerza es progresivo y que también se realizarán investigaciones por la posterior represión desproporcional. Asimismo, la OEA emitió un comunicado rechazando la violencia y secuestro de policías y militares por parte de manifestantes, la quema de patrullas y ataques a ambulancias, e instó al diálogo.
Violencia, cierre de vías, toma de campos petroleros, destrucción de propiedad privada y pública, noticias falsas, medios de comunicación parcializados, enardecidos debates en redes sociales, uso de la fuerza pública, brotes de racismo y xenofobia, respaldo y pedido de renuncia a Moreno así como rechazo y también apoyo a los grupos indígenas han sido la constante de esta semana de protestas.
El expresidente Rafael Correa en una entrevista pidió elecciones adelantadas y dijo que, de requerirlo, él se presentaría como candidato. En una cadena nacional del 7 de octubre, el presidente, junto al vicepresidente y el ministro de Defensa, y con la alta cúpula militar a sus espaldas, anunció el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, dijo que «había una intención política […] de romper el orden democrático» y mencionó que Rafael Correa junto con Nicolás Maduro activaron un plan de desestabilización para un golpe de Estado.
A lo largo del paro nacional del 9 de octubre, las manifestaciones en todo el país se llevaron a cabo con menos incidentes desde que iniciaron las protestas según lo indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien también señaló que hasta ese momento «360 personas requirieron atención médica, 714 (personas) fueron detenidas y 86 policías heridos, la mayoría en la ciudad de Quito». La principal causa de las detenciones fueron actos vandálicos. De igual manera, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín señaló que el trabajo en conjunto mediante las fuerzas armadas y la policía nacional ha sido indispensable para bajar los niveles de violencia y restaurar el orden.
No obstante, con el pasar de los días la violencia ha recrudecido. El sábado 12 de octubre ha sido el día más crítico en Quito, dado que en la madrugada se reportaron detonaciones cerca de las universidades que dieron refugio a grupos indígenas. Muchos negocios de la capital cerraron por amenazas de daños por individuos con palos a lo largo de la mañana. La situación en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde están concentrados indígenas y otros manifestantes, se tornó inmanejable. Parecía que varios sectores de la población sacaron a flote una ira contenida de años. Por ello, el presidente anunció un toque de queda y la militarización de la capital y sus valles desde las 15 horas, restringiendo la circulación vehicular, la movilidad ciudadana y la libertad de asociación, y permitiendo la actuación de la fuerza pública para reestablecer el control. Asimismo, la CONAIE publicó su intención de dialogar con el presidente Moreno sobre la derogatoria o revisión del decreto 883. Por último, en la noche del sábado 12, rompiendo el silencio del toque de queda, en Quito, personas salieron con olla y cucharón a las puertas y terrazas de sus viviendas para el llamado cacerolazo, convocado por redes sociales; algunos a favor del paro y otros en contra, pero muy probablemente ese estridente y estremecedor sonido simbolizaba un objetivo común: restaurar la paz en el país.
Las universidades, Iglesia Católica y la ONU se ofrecieron como mediadores para el diálogo entre los sectores sociales y el Gobierno. En consecuencia, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador anunció el 12 de octubre que la primera reunión entre la organización del movimiento indígena y el Gobierno se llevaría a cabo la tarde del 13 de octubre. Efectivamente, el encuentro tuvo lugar entre los líderes indígenas y el presidente junto con otras autoridades del gobierno. Este diálogo fue televisado. Ambas partes mostraron su posición y después de casi tres horas de receso, en el cual continuaron con la conversación sin presencia de medios de comunicación, se informó al país que el decreto 883 fue derogado y que en esa misma noche se trabajaría en un nuevo decreto en conjunto. Con esto se dio por finalizado el paro y se espera que la calma retorne al país. Aún quedan respuestas pendientes hasta contar con el nuevo decreto.
Finalmente, es necesario reflexionar y recordar que la resistencia y la libertad de expresión son derechos, pero no olvidar también que la violencia es, sin duda, inaceptable desde el lado que venga, de manifestantes o de la fuerza pública. Se requiere con urgencia retomar el orden y no generar un detrimento o, peor aún, la ruptura de la institucionalidad del país.
Notas
[1] Artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
[2] Artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador: Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
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