Colombia: entre la paz resistida y la corrupción
Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, han sido asesinados 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría pertenecientes a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo, 499 víctimas de homicidio eran líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales.
A fines de junio tendrá lugar el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, lo que constituye una distinción para el país cafetero. Externamente, Colombia puede ser percibida como un país al que sus números macroeconómicos no le son tan desfavorables y que, con enormes dificultades, intenta dejar atrás casi seis décadas de enfrentamiento bélico, luego que en 2016 la administración Santos llegara a la firma de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
El pasado miércoles 29 de mayo, quien fuera comandante principal de las FARC, Rodrigo Londoño (Timochenko), en su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expresó un concepto que quizás tiene mayor incidencia fuera que dentro de fronteras colombianas: «Siento vergüenza de lo que hicimos». Es que durante el accionar guerrillero en Colombia el derecho internacional humanitario (DIH) fue un ausente para las FARC: homicidios, torturas, violaciones, utilización de niños, esclavas sexuales, secuestros extorsivos, sociedad con el crimen organizado. Nada le fue ajeno.
No solamente un exguerrillero reconvertido en político debería expresar lo mismo. Precisamente, sectores de la ciudadanía colombiana reclaman mea culpas similares respecto a diferentes delitos cometidos por otros componentes e instituciones de la sociedad.
Al ejército colombiano se le pide sinceramiento respecto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles ajenos a la guerrilla. Los llamados falsos positivos. Que tras la denuncia publicada el 18 de mayo en el New York Times (NYT), regresaron bajo sospecha de repetición reciente, generando una lógica polémica que ahonda más, si cabe, la brecha entre partidarios y contrarios a la firma de la paz de 2016.
A la clase política se le reclama que no entierre el resultado del referéndum anticorrupción de agosto de 2018 en que más de 11.645.000 de ciudadanos votaron siete propuestas tendientes a acotar este flagelo que en Colombia es pan de todos los días. En esa oportunidad faltó medio millón de votos para alcanzar el umbral de aprobación, por lo que quedó en manos del Congreso y el presidente Iván Duque hacer efectiva la demanda.
Desde que la Universidad de los Andes realiza el Observatorio de la Democracia, por primera vez la corrupción es una preocupación central de la ciudadanía (19,05%), detrás de la generada por la economía (21%).
Decían hace años los obispos católicos brasileños que la corrupción «golpea a los más pobres». En Colombia viven 13 millones de ellos. Pobre se considera quien gane menos de 85 dólares mensuales. Por encima de esa cifra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no lo considera en esa situación. Un hogar de cuatro personas en el que ingresen más de 344 dólares mensuales no es considerado pobre.
Crecimiento del PIB. Si bien la economía tuvo un mejor comportamiento en el último bienio, constatable en un mayor crecimiento del PIB —que pasó de 1,8% a 2,7%, en un mayor consumo de los hogares y en el mejor desempeño de las ventas del comercio, los principales indicadores sociales, es decir los de pobreza y desigualdad, no tuvieron ninguna mejora en 2018. Al contrario: desde 2016 a 2018, 1.107.000 personas entraron al nivel de pobreza multidimensional.
La tierra. A esto se suma el histórico problema de la tenencia de la tierra, ya que Colombia es el país más desigual de América Latina en los derechos de propiedad sobre las tierras, pues la mayoría de predios están concentrados en manos de unos pocos. El 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas, según Oxfam. Y un 42,7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Mientras que, según el mismo informe, un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.
Editorial de Arcadia: «No más lideres asesinados». Esta frase repetida 150 veces, constituye el último editorial de la revista cultural masiva más importante de Colombia, perteneciente al influyente grupo editorial Semana, que, sin embargo, acaba de despedir a su principal columnista, Daniel Coronell, luego de censurarle una columna referida precisamente a las denuncias del NYT y de ceder sus páginas a varios líderes sociales o defensores de derechos humanos para que escribieran diferentes columnas.
Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, han sido asesinados 702 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría pertenecientes a minorías y comunidades rurales. Desde la firma del acuerdo, 499 víctimas de homicidios eran líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales.
La causa presunta que más incide en estos asesinatos es el conflicto de tierras, según informe publicado por El Espectador de Bogotá. Gran parte de los asesinados defendían el territorio y los recursos naturales, pues representan el 71,08% de los homicidios.
Unos 125 exguerrilleros de las ex-FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a fecha 15 de abril, según el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper. El Gobierno sostiene que solamente tres de esos casos obedecen a móviles políticos. Según un informe del Consejo de Seguridad de la ONU del 26 de marzo, los responsables de los ataques «son grupos armados ilegales y organizaciones delictivas».
Beligerantes. Se mantienen en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, combos delincuenciales, que según el ejército colombiano, en febrero de este año, sumarían al menos 6.000 combatientes.
¿Cómo va el nuevo gobierno? Sin mayorías parlamentarias, Duque no ha podido concretar iniciativas como la reforma tributaria, que quedó reducida a la mitad de lo presupuestado; o lograr que se aprobaran sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, normativa que regula la justicia transicional.
Su reclamo de que Cuba entregara a los dirigentes del ELN, luego de suspender el diálogo con esa guerrilla debido al atentado terrorista del 18 de enero de 2019 contra una escuela de cadetes de policía que costó la vida a 23 jóvenes y dejo a 87 heridos, no tuvo el eco esperado.
Agréguesele que más de un millón de de los tres millones y medio de venezolanos que han abandonado su país en el último periodo están en Colombia, lo que supone esfuerzo extra para ofrecerles una contención digna.
La popularidad de Duque, que se ubicó en el 53,8% en octubre y bajó al 30% ya a finales de 2018, orilló un 20% de aprobación en promedio de distintas empresas encuestadoras.
«El presidente Duque gobierna contra sí mismo y contra el país. Puso a Colombia frente a falsos dilemas, y se quedó sin soluciones. Que objeciones sí, o no; que glifosato sí, o no; que intervención militar en Venezuela sí, o no; que modificación de los acuerdos de La Habana sí, o no. Pero la sociedad política no cabe en esas dicotomías», es el resumen de estos nueve meses escrito en Semana por el cientista político Gonzalo Sánchez, quien estuvo once años (2007-2018) al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), y ha sido galardonado en la categoría de Liderazgo por la Paz, en la decimoctava versión del Premio Nacional de Paz, que otorgan el PNUD, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, entre otras instituciones.
Test. En octubre habrá un primer test constituido por las elecciones municipales. Por el momento, en Bogotá la candidata que encabeza encuestas con sobrado margen es la exsenadora Claudia López, una politóloga de Alianza Verde que fuera clave en la campaña del referéndum anticorrupción pese a no contar con la maquinaria tradicional, ni propaganda electoral, ni presupuesto para actos de campaña.
Una versión más extensa de este artículo se publicó en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 8 de junio de 2019.
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