Daniel Ortega, ¿una nueva dinastía en Nicaragua?
Entrevista exclusiva a Wendy Puerto, presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Nicaragua, 8.8.2016.
Presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo | Foto: Cancillería del Ecuador, vía Flickr
El jurista Pedro Reyes Vallejos se convirtió en el nuevo representante del Partido Liberal Independiente (PLI) en sustitución del coordinador de la opositora Coalición Nacional por la Democracia, Eduardo Montealegre, quien fue destituido como diputado, junto a otros 27 congresistas, por no reconocer al nuevo dirigente. Esto dejó a la oposición prácticamente sin partido para las próximas elecciones, ya que Reyes era opositor a la dirigencia anterior.
DP: ¿Cuál es la situación actual al día de hoy en Nicaragua?
WP: La decisión de destituir a los diputados obedece precisamente a las reformas de la ley orgánica de la Asamblea Nacional, que establece que los escaños ya no le pertenecen a los ciudadanos sino al partido político que los propuso. El 8 de junio de este año, la Corte Suprema de Justicia resolvió favorablemente la demanda interpuesta por una de las cuatro fracciones del PLI, reconociendo que el presidente de este era el Sr. Rollin Tobee (QEPD); asumió entonces el Sr. Pedro Reyes Vallejos, quien llamó a los diputados electos bajo el liderazgo del Sr. Eduardo Montealegre Rivas, también diputado, para que se reunieran con él y organizaran el partido. Pero ellos decidieron no reconocer la sentencia de la Corte y por consiguiente tampoco reconocer a Pedro Reyes como nuevo presidente del PLI. Por esa razón fueron destituidos. En vista de la ausencia de estos, los diputados suplentes asumieron sus escaños y el día de ayer tomaron posesión.
Las reformas constitucionales del 2014, entre otras a la ley orgánica de la Asamblea Nacional, le dan un carácter de legalidad pero no de legitimidad a las resoluciones que fueron tomadas por la Corte Suprema de Justicia. La ley vigente, entonces, considera que apartarse del partido y tomar una posición de independiente (para el caso de los diputados del PLI) configura un caso de transfuguismo, y por ello el nuevo presidente del PLI Pedro Reyes estaba facultado para solicitar la mencionada destitución de los diputados.
Decimos pues que son de corte legal ya que están establecidas en las leyes de Nicaragua, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional y Constitución Política de Nicaragua, y fueron aprobadas después de despojar al diputado Agustín Jarquin Anaya (demócrata cristiano) en el año 2014.
Estas leyes fueron aprobadas por los 63 diputados oficialistas en un periodo en que el presidente fue reelecto en 2011 en contra de la Constitución misma, pues solicitó a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de amparo, que se le permitiera participar nuevamente como candidato a las elecciones, dado que (decía el recurso) «la Constitución violaba sus derechos humanos». En aquel entonces, casi de manera automática, la Corte dio lugar a ese recurso interpuesto por el ciudadano Daniel Ortega y pudo ser candidato nuevamente a la Presidencia. Llevó como compañero de fórmula al exgeneral del ejército de la República, Omar Hallesleven, quien constitucionalmente también tenía limitaciones para ser candidato a la Vicepresidencia.
De esta manera, las medidas parlamentarias tomadas adquieren un carácter de legalidad pero no de legitimidad.
—¿Estamos frente al surgimiento de una nueva dinastía dictatorial?
—Sí, categóricamente, estamos frente al intento de la instauración de lo que sería una dinastía familiar Ortega Murillo y no existe impedimento de la Constitución Política de la República de Nicaragua, según algunos juristas, para que la Sra. Rosario Murillo acompañe en la fórmula al Sr. Ortega. Algunos abogados y religiosos han expresado que ellos son una sola carne, por tanto no existe afinidad que los divida.
Según algunos constitucionalistas y reconocidos juristas opositores, la señora Rosario Murillo estaría facultada por la Constitución y el derecho internacional a ser candidata a la Vicepresidencia. Mi posición es que, según nuestra Constitución, ella está imposibilitada a hacerlo, más aún cuando su propio esposo es el candidato a la Presidencia.
Baso mi criterio en el artículo 147 de la Constitución Política, que señala: «No podrán ser candidatos a presidente ni vicepresidente de la República: […] a) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y los que sean o hayan sido parientes dentro del segundo grado de afinidad del que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente».
De manera que la candidatura de la esposa del presidente es ilegal y es únicamente por mantener el poder en la familia, seguir controlando el ejército, la policía, los otros poderes del Estado, la Asamblea Nacional, fortalecer las relaciones con el sector privado del país concesionando exoneraciones fiscales, continuar apoderándose de los recursos del Estado para ellos y profundizar más la corrupción que se ha venido practicando con este gobierno socialista del siglo XXI.
—¿La oposición está unida respecto a estas medidas?
—No, no está unida, ni estaba unida en su totalidad desde antes de la cancelación de la representación legal del PLI al señor Montealegre, y tampoco en este momento. El Partido Liberal Independiente, de corte opositor, está en colaboración al intentar aparentar que el proceso electoral es legítimo.
Algunos miembros de los partidos liberales que por años se han considerado opositores al régimen sandinista han vendido sus principios a los intereses personales y particulares, entre ellos hombres de connotada personalidad del liberalismo como el exvicepresidente Sr. Jaime Morales Carazo o el Sr. José Antonio Alvarado, entre otros.
Particularmente, he analizado que este colaboracionismo con el régimen es sobre todo un problema generacional: en su mayoría son políticos de avanzada experiencia y que han ostentado cargos públicos. Están contribuyendo a que este régimen se fortalezca y avance de manera sistemática a una instauración dictatorial. Reconozco que estas acciones del Frente Sandinista obedecen a dos condiciones: el temor a perder el poder y la posibilidad de que la cooperación venezolana desaparezca en el corto plazo.
La Unión Demócrata Cristiana ha asumido una responsabilidad seria con sus bases y con el pueblo. En noviembre del 2015 firmamos la intención de aliarnos para participar del proceso electoral del 2016 con el Partido Liberal Independiente encabezado por su presidente Eduardo Montealegre, junto con ocho organizaciones políticas más. En junio de este año ellos perdieron la representación legal, por tanto no podremos participar del proceso; no porque no queramos, sino porque el sistema político, autoritario y hegemónico, ha cerrado hasta hoy cualquier posibilidad para aquellas personas que queremos hacer política de una manera distinta. Anteriormente a nuestro partido le habían quitado de manera arbitraria la personería jurídica, en 2013, así como a otros partidos que estaban en esa alianza. Hoy, estamos sumando esfuerzos para hacer valer la voz de los que no tienen voz, porque ¡¡Nicaragua vale la pena!!
—¿Qué posibilidades hay de revertir el proceso?
—A nuestro modo de ver, la situación actual el FSLN y del Gobierno del presidente Ortega han pagado un costo político muy alto como para revertir estas situaciones, además las han hecho «legalmente», aunque sean ilegitimas. La única manera de revertir esto sería que las elecciones se declararan nulas por alguna razón más política que legal y que se llamara a una constituyente, aunque signifiquen dos años más del señor Ortega en el poder, mientras se puede reorganizar el país.
De continuar así, el Gobierno solo profundizará una terrible crisis en la sociedad de Nicaragua. Alejados de cualquier interés particular, miramos con preocupación los estallidos sociales, los grupos armados con fines políticos (ya existen en las montañas de Nicaragua), las migraciones masivas, la separación familiar y más pobreza para los nicaragüenses.
Hemos asumido un compromiso social continuar luchando porque se nos respeten nuestros derechos constitucionales, humanos y políticos, y que el país se libere de una vez y para siempre de esos intentos de eternizarse en el poder que hemos venido observando a lo largo de la historia.
Entrevista de Manfred Steffen, coordinador de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.
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