El Perú y el coronavirus
El gobierno de Martín Vizcarra fue el primero de América en decretar el confinamiento de toda la población en sus domicilios.
La orden entró en vigencia el 16 de marzo, originalmente por una duración de dos semanas, pero ha sido ampliada hasta el 12 de abril. A ello se suman otras disposiciones, como la compra de 1,4 millones de kits para pruebas de detección del COVID-19. Al momento de escribir estas líneas, jueves 2 de abril, la cifra oficial de infectados llega a 1,414, con 55 fallecidos.
A lo anterior se añaden disposiciones económicas de una dimensión inédita, algunas ya dictadas, como la concesión de un subsidio de subsistencia a más de 2,7 millones de familias, y otras, recién anunciadas, como parte de un plan que a través de la acción conjunta del Banco Central de Reserva y del Gobierno busca evitar la quiebra en cadena de las empresas y proteger el empleo. Las medidas contempladas son una combinación de subvenciones, garantías para préstamos y alivios tributarios, entre otras, por más de 25.000 millones de dólares. El paquete representa en total el 12 % del PIB. Está claro que el buen manejo macroeconómico de las últimas décadas confiere a las autoridades un gran margen de maniobra para afrontar la hora actual.
En general, más allá de determinados errores y de algunas polémicas entre especialistas, la actuación gubernamental goza de gran respaldo. Una reciente encuesta de la empresa Ipsos Perú arroja un apoyo masivo de la población al presidente, cuya popularidad ha dado un salto de espectacular, pasando de 53 % a 87 %.
Una vez más, como señalan varios analistas, se comprueba que al mandatario le sientan bien las situaciones de emergencia y crisis, pues en ellas demuestra dotes de liderazgo que comprenden la determinación para tomar decisiones duras y una buena capacidad de comunicación exhibida en sus conferencias diarias en el palacio de Pizarro. Muy atrás quedan sus deficiencias evidenciadas en tiempos más ordinarios que, es verdad, han sido escasos durante sus dos años de gestión hasta ahora.
En las redes, siempre dadas a la hipérbole, las muestras de reconocimiento lindan en no pocas ocasiones con la adoración, aunque, al mismo tiempo, no están ausentes las expresiones de rechazo de los adversarios políticos y de los críticos mediáticos habituales, cuya exasperación parece aumentar en paralelo a la subida de los índices de popularidad del mandatario, hasta alcanzar, en algunos casos, casi niveles de apoplejía.
Mientras tanto, el nuevo Congreso, elegido el 26 de enero, se instaló, por coincidencia, el primer día de la cuarentena. Su configuración muestra una gran dispersión de fuerzas, con 9 bancadas; la más numerosa es la de Acción Popular, con 25 parlamentarios sobre un total de 130. La del fujimorismo es de solo 15 miembros, lo que representa una gran caída respecto de la que fue elegida en 2016, con 73 legisladores. El histórico APRA, del fallecido expresidente Alan García, no logró pasar la valla electoral por primera vez en su historia.
Dos grupos llaman la atención: uno es el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), también con 15 integrantes, que es el brazo político de una curiosa secta local denominada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y que mezcla el judaísmo, el cristianismo y el culto a su fundador, ya fallecido, Ezequiel Ataucusi. El otro es Unión por el Perú, partido liderado en su momento por Javier Pérez de Cuéllar, nada menos, pero que terminó convirtiéndose en un vientre de alquiler o vehículo electoral para aspirantes a la presidencia; uno de ellos fue Ollanta Humala, en 2006, y ahora es el hermano de este, Antauro, quien purga una condena de 19 años en prisión por conducir una sangrienta asonada en 2005 y que mantiene la ideología radical, también producción original peruana, pergeñada por el padre de ambos, Isaac, a base de marxismo, militarismo, reivindicación étnica y reminiscencias fascistas.
El presidente Vizcarra no cuenta con una representación propia. Parece poco probable que vuelva a vivir los niveles de enfrentamiento que tuvo con el Parlamento anterior. Sin embargo, han surgido controversias respecto de iniciativas legislativas que el Gobierno desaprueba, y que indican que la relación entre ambos poderes no será necesariamente siempre armoniosa; menos aún ante la perspectiva de las elecciones generales del próximo año, que parece ya estar incitando a los partidos a posicionarse respecto de temas políticamente rentables y a algunos congresistas a buscar un mayor protagonismo.
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