El Salvador y la cooptación del Estado desde la emergencia sanitaria
El presidente Nayib Bukele despierta opiniones encontradas. Por un lado, maneja con decisión la crisis de la pandemia, pero por otro tiene conductas que debilitan o incluso atacan la institucionalidad democrática. Mientras tanto, los partidos políticos tradicionales no parecen tener la fuerza necesaria para enfrentarlo y presentar una alternativa creíble a la ciudadanía.
A principios de abril, en el contexto de la cuarentena sanitaria decretada por el gobierno salvadoreño y a pocas cuadras de su casa, un joven de 19 años recibió dos disparos salidos del rifle de un agente de la policía nacional. Según investigaciones de la prensa local y la Fiscalía General de la República, la agresión sucedió toda vez que la víctima se rehusó a pagar una extorsión de cincuenta dólares para no ser trasladado a un centro de contención.
En la tarde de ese mismo día, desde la oficina de la presidencia se informaba que la policía nacional había tenido un encuentro y que en el contexto del mismo un oficial lesionó a una persona; mientras que la corporación policial, desde sus redes hablaba de un accidente. Al día siguiente, cuando la noticia se volvió viral, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, guardó silencio. Algo es inusual para alguien que se encuentra muy pendiente de las redes sociales que, además de usar sin ninguna reserva para señalar a opositores y detractores, utiliza de vez en vez para compartir puerilidades; algo inusual, para un presidente que constantemente se jacta de que a toda costa cumplirá su juramento de cuidar la vida de los salvadoreños.
La víctima encaja en el perfil de los simpatizante del presidente y probablemente fue uno de sus electores; un ciudadano que defiende la gestión de manera vehemente y cuya vida es, según el presidente, su prioridad.
Sin embargo, el silencio del presidente dijo mucho y evidenció dónde están verdaderamente sus preocupaciones.
Desde que tomó el poder, una de las líneas estratégicas del presidente Bukele no solo ha consistido en hacer respetar la línea de mando institucional, sino en garantizarse la lealtad de los portadores de armas.
Cuando se presentó como comandante en jefe de la fuerza armada iniciando su mandato, y fuera de todo protocolo, el presidente pidió a las tropas jurarle lealtad –a él y no a la constitución-, mientras él les prometía recíprocamente a los castrenses la misma lealtad, un compromiso que el presidente ha extendido y mantiene hacia todos los portadores de armas del Estado.
La preocupación sobre las aspiraciones autoritarias del joven presidente han sido ya señaladas por HRW, la Alta Comisionada Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.
El presidente Bukele se muestra intolerante a la crítica, y percibe como ataque y responde con furia a cualquier atisbo de contradicción a sus ideas, vengan de personas o instituciones.
Ante cualquier desencuentro, el presidente ha tratado como enemigos a la Asamblea Legislativa, a la Procuraduría de DD.HH., la Fiscalía General de la República e, incluso, a la Corte Suprema de Justicia. El plan del Ejecutivo se encamina a ocupar estos cargos con personas de su beneplácito y para lograrlo parece buscar dos cosas: armas y votos.
Y aunque el presidente requiere de armas para el control y votos para legitimarse, las armas son más importantes. Para el presidente mantener la lealtad de su ejército parece ser más importante que llamar la atención sobre los abusos de sus fuerzas de seguridad, ante los que no se pronuncia.
Es así como el apoyo de las armas ya se ha alcanzado. La fuerza armada no solo no lo impidió, sino que apoyó aquel 9 de febrero el amago con un autogolpe de Estado, cuando el presidente ocupó militarmente la sede del Poder Legislativo. Mensaje enviado.
Después de aquel espectáculo en el parlamento, la llegada de la pandemia significó una perversa oportunidad para el presidente. La emergencia sanitaria distrajo la atención de la opinión pública de aquel paso en falso.
En un inició el presidente Bukele gestiónó acertadamente la crisis causada por el COVID-19 lo que le valió vítores dentro y fuera del país. Pero también le permitió implementar medidas clientelares y populistas- como brindar transferencias monetarias a personas que no lo necesitan o decretar el día de la oración en medio de la pandemia- para mantener y afianzar el apoyo popular y fortalecer su plataforma electoral.
A lo largo de la pandemia y con una cuidadosa estrategia comunicacional con la que busca socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el presidente ha acelerado el posicionamiento la marca Nayib Bukele, y potencia al instituto político con el que busca cooptar el poder legislativo.
Parece que nada evitará el partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele y sus allegados, barra en las elecciones en las elecciones parlamentarias y locales del 2021. Y es que a casi un año de haber asumido como presidente, la gestión del ejecutivo es aprobada por más del 90% de los ciudadanos, lo que hace prever, ahora sí, el fin de los partidos tradicionales, a los que el presidente hábilmente ha encajonado bajo una misma premisa: los mismos de siempre.
Un mensaje que ha calado profundamente en la ciudadanía salvadoreña, que culpan a los mismos de siempre, incluso, de los exabruptos del presidente. “Ellos –los diputados- nos quieren ver muertos” comentaba una profesora de una escuela pública hace pocos días cuando repartía las guías de trabajo de casa en casa, haciendo eco de uno de los señalamientos favoritos del presidente que acusa a los miembros de la Asamblea Legislativa de tomar decisiones porque no les importa la vida de los salvadoreños.
En el peor de los escenarios, una asamblea coloreada por el ejecutivo, implicará cambios importantes para la institucionalidad democrática salvadoreña en un sistema político que, diseñado para el balance de poderes, otorga importantes prerrogativas al poder legislativo.
En el periodo de un año, la nueva asamblea legislativa podrá elegir a un procurador derechos humanos y un a fiscal general al servicio del ejecutivo- entre otros funcionarios-, al mismo tiempo que podrá proponer cambios en la constitución, entre los que podría incluir –aunque con tiempos ajustados- la reelección consecutiva del presidente.
Con una fiscalía sin independencia, una Asamblea Legislativa embelesada y una procuraduría de derechos humanos amordazada, la democracia salvadoreña agonizará.
Aunque sea por poco tiempo, la Corte Suprema de Justicia, a la que recientemente el presidente ha amenazado en desconocer y a cuyos mandatos atiende a regañadientes, se convertirá –mientras el tiempo lo permita- en el último bastión para la defensa de la institucionalidad salvadoreña.
Discutir si el presidente Bukele aspira o no a un régimen autoritario puede distraer sobre lo que realmente es importante en este momento y lo que, eventualmente, podría evitar una amenaza a la incipiente democracia salvadoreña, y esto es evitar la cooptación del Estado. Solo lo puede hacer la ciudadanía salvadoreña a través de las urnas.
Los ciudadanos salvadoreños deben asumir de manera crítica los mensajes del presidente. Reconocer en ellos no solo los aciertos del presidente, sino las amenazas, los intentos de manipulación y la propaganda disfrazada. Mostrarse críticos ante los golpeas a la debilitada democracia salvadoreña.
Hace un siglo, el filósofo austriaco Karl Popper describía la paradoja de la tolerancia. En esencia, Popper explica que los movimientos intolerantes no deben tolerarse en una democracia ya que, de permitirlo, quienes promocionan la intolerancia -acusando de engañosos a los argumentos racionales- responderán con el uso de puños o las armas ante lo que no les gusta o convenga.
Haciendo un símil, si los ciudadanos salvadoreños toleran y otorgan, en nombre de la democracia y la libertad del sufragio, el control total del Estado a un partido único, correrán el peligro de limitar su propia libertad y podrán en peligro su democracia.
El país necesita servidores públicos respetuosos de la democracia; necesita ciudadanos que de manera consciente e informada ejerzan sus derechos responsablemente y exijan el respeto de los mismos. El Salvador necesita de sus ciudadanos que no tengan miedo a las autoridades, aunque éstas quieran imponerse con las armas.
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