Gobernar después de la consulta
Los ecuatorianos legitimaron al Gobierno de Lenín Moreno cuando el domingo 4 de febrero votaron mayoritariamente por el sí en la consulta popular.
Presidente Lenín Moreno | Foto: César Muñoz, Andes, vía Wikicommons
El primer domingo de febrero de 2018 debería marcar un hito en la historia democrática del Ecuador, después de que los ecuatorianos le dieran la oportunidad al gobierno de Lenín Moreno para restablecer la democracia en el país y unificarlo, esto a través del rotundo apoyo a las preguntas planteadas en la consulta popular.
A nivel político, el mayor logro fue el respaldo del 64,2 % de la población a la eliminación de la reelección indefinida, con lo cual el expresidente Rafael Correa no podrá ser candidato a esa dignidad nunca más, sin que esto implique su completa desaparición en la arena política. Además, el 73,7 % de los ecuatorianos votó a favor de la muerte civil de toda persona condenada por actos de corrupción, con lo que no podrán participar en la vida política, y también perderán todos sus bienes, lo cual refleja el hartazgo de la población frente al caudillismo de Correa y a la forma de su gobierno de utilizar los fondos públicos.
Si bien los resultados de la consulta le dan a Moreno la legitimidad que necesitaba, también le plantean un escenario complejo, y es que el presidente deberá garantizar el cumplimiento de lo expuesto en la consulta pero también entender las demandas ciudadanas, esas que quedaron entrelíneas. Una de ellas es alejarse de todo lo que representa el correísmo, lo que implicará un cambio inmediato, y el primer paso debería ser la renovación de su gabinete, dejando fuera a varios de sus ministros e incluso a algunos de sus asesores más cercanos.
Pero además, y quizá más importante, Moreno deberá alejarse del modelo económico heredado de Correa, aquel que plantea el endeudamiento como solución e impulsa el exagerado gasto público. En este ámbito es donde el Gobierno deberá dar un cambio radical y demostrar, más allá del discurso, si tiene o no las intenciones de dejar a atrás el proyecto de la Revolución ciudadana.
En el ámbito económico, y con el apoyo de la población a la pregunta 5 —que planteaba la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos—, el Gobierno deberá cancelar o replantear al menos ciertas concesiones entregadas a empresas para esta actividad, lo cual podría implicar un importante costo.
La sociedad también votó a favor de recobrar la institucionalidad y de devolver la independencia de poderes que tanto le hace falta a la democracia ecuatoriana. El 63 % de la población dijo sí a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dando paso a una integración transitoria de este y otorgándole la facultad de evaluar la labor de ciertos funcionarios como el fiscal, el procurador y el contralor. En este sentido, Moreno deberá jugar bien sus cartas y nominar a gente proba para la conformación transitoria del Consejo; caso contrario le podría resultar muy caro dar un paso en falso al nombrar a personas cercanas a su círculo.
Respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana, Moreno tendrá otra batalla que pelear, y es que este 6 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a la Corte IDH una solicitud de medidas provisionales a favor de los actuales miembros del CPCCS, «con la finalidad de que ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros […] y de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos».
Sin embargo, la Corte de Derechos Humanos negó las medidas provisionales y ahora será la Asamblea Nacional la que tramite la integración del Consejo Transitorio para así cumplir con el clamor ciudadano evidenciado en la votación en la consulta popular.
Carla Bonilla | @ CarliBonilla Periodista y comunicadora. Máster en Gerencia Política y Gobernabilidad
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