Informe sobre ciegos: el daltonismo ideológico de académicos de izquierda
Muchos profesores universitarios en Norteamérica, Europa y Latinoamérica prefieren la ideología a la verdad. Esto se hace más evidente cuando la división izquierda-derecha vuelve a tomar cuerpo en la esfera pública.
Los recientes estallidos sociales en Chile, Ecuador, la interminable saga del Brexit, la polarización en los Estados Unidos, la arremetida de los radicales en Cataluña, entre otros casos, indican un retorno de los brujos de la izquierda más extrema. Algunos se levantan para enfrentar al capitalismo (como en Chile o en Ecuador), para contrarrestar las políticas de populistas de derecha como Boris Johnson y Donald Trump, o para exigir la independencia de Cataluña en una singular mezcla de nacionalismo burgués y anarcocomunismo.
La ideología de algunos académicos, particularmente en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, hace que tengan una percepción selectiva a la hora de juzgar y pronunciarse sobre situaciones que atentan sobre los derechos humanos o la degradación ambiental. Hace algunos meses, organizaciones ambientalistas internacionales denunciaron los incendios en la Amazonia brasilera y acusaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de tener una política antiecologista. Profesores e investigadores de Brasil y de otros países vieron en estos incendios la confirmación de las terribles consecuencias del negacionismo climático de derechistas como Bolsonaro.
Unos cuantos kilómetros más al norte está ocurriendo un ecocidio con terribles consecuencias humanas y ambientales. El régimen de Nicolás Maduro abrió las puertas del apocalipsis dando luz verde a la explotación «legal» e ilegal del Arco Minero del Orinoco, una vasta región en la Amazonia venezolana. Los desmanes que están ocurriendo en el Arco Minero, en los que se mezclan paramilitares, guerrilleros del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), delincuentes y militares venezolanos, han sido ignorados por grandes organizaciones como Greenpeace y WWF. Robert Hackett, un reconocido profesor de comunicación y activista ambiental canadiense, me respondió hace un año en una conferencia internacional que él no se iba a pronunciar sobre el Arco Minero porque «Nicolás Maduro y Venezuela ya tenían suficientes enemigos en el mundo». El padre del ecologismo canadiense, David Suzuki, aceptó dar en 2015 una conferencia organizada por la Embajada de Venezuela en Canadá, en la que el profesor y personalidad de televisión no dijo ni una sola palabra sobre el desastroso récord ambiental de PDVSA, especialmente bajo el mandato chavista.
Nuestra premisa sobre el daltonismo ideológico de los académicos de izquierda se comprueba en el campo ecológico. Pero esto no se queda allí. Las universidades venezolanas viven desde el inicio de la llamada revolución bolivariana en 1999 un sistemático ataque del régimen chavista, tanto en la época de Hugo Chávez como bajo su sucesor Maduro. Recortes de presupuestos (un profesor a tiempo completo gana hoy 7 dólares al mes), violencia de grupos paramilitares afectos al régimen, represión contra estudiantes y profesores, encarcelamientos y juicios de civiles ante tribunales militares, asesinatos y una larga lista de violaciones de derechos humanos y de limitaciones a la libertad académica. El más reciente ataque es la decisión de un tribunal afecto al chavismo de prohibir la proyección en todas las universidades venezolanas, públicas y privadas, del documental Chavismo: la peste del siglo XXI.
Organizaciones como Scholars at Risk (SAR), SAR Canada y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación sobre los Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa se han pronunciado sobre estas violaciones a la libertad académica en Venezuela y han llevado la denuncia a instancias interamericanas de protección de derechos humanos. La Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en 2018 en el que expresó su solidaridad con los profesores y estudiantes venezolanos.
Pero ellos son la excepción que confirma la regla. En general, los profesores norteamericanos y europeos prácticamente no se han pronunciado contra los ataques a la libertad académica bajo el chavismo. ¿Por qué? Cabe avanzar una hipótesis: muchos profesores de ciencias sociales y humanidades no quieren alinearse con lo que ellos consideran gobiernos reaccionarios como el de Donald Trump, así que prefieren ignorar las violaciones contra la libertad académica en Venezuela, e incluso explicarlas como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.
He tenido la oportunidad de comprobar esta hipótesis en conversaciones con colegas canadienses e incluso latinoamericanos. Una prominente profesora de mi propia universidad siempre se muestra escéptica cuando menciono las brutales violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Más recientemente, una colega brasilera se refirió en un evento sobre libertad académica a los casos de Turquía o Hungría, como sus «peores pesadillas» a la hora de pensar en lo que podría ocurrir a las universidades bajo el gobierno del derechista Bolsonaro. Le recordé a la colega que apenas a unos kilómetros al norte de su país ya estaba ocurriendo esa pesadilla, que no necesitaba trasladarse a los regímenes de Erdogan en Turquía u Orbán en Hungría. Solo tenía que informarse un poco más de lo que pasa en su vecina Venezuela, y abrir los ojos ante la realidad de los casi 5 millones de venezolanos que han huido de la pesadilla del socialismo del siglo XXI a otros países latinoamericanos, incluyendo el suyo.
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