Instrumentos de control social en Venezuela (III)
Los instrumentos de control utilizados por la dictadura venezolana no son de carácter represivo ni propagandísticos; son de carácter económico. Por eso pasan desapercibidos por analistas que intentan entender por qué la población ha apoyado y soportado el modelo chavista tantos años.
Abanico de billetes con 171.500 bolívares, el sueldo mínimo en Venezuela, equivalente a unos dos dólares en el mercado negro, noviembre de 2017 | Foto: Marco González
La inflación y la escasez generan hambre y sobre el hambre el gobierno venezolano construyó su tercer instrumento de control. En el año 2016 se crearon los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).
Ahora conseguir comida es la tarea más importante del día a día del venezolano, así que el Gobierno decidió importar alimentos y venderlos subsidiados directamente en las casas de las familias venezolanas. De este modo reduce las colas en las calles y gana el agradecimiento de la gente que necesita la comida. Los CLAP son grupos del partido de gobierno que reparten bolsas y cajas de artículos de primera necesidad a bajos precios pero con criterios políticos. Es decir, la bolsa se le vende a quien se porte «bien». Protestar es motivo para que el Gobierno elimine el «derecho» a que lleguen las bolsas del CLAP a la comunidad donde sucedió la protesta. Así, la gente es reprimida por sus propios vecinos con la esperanza de que si se portan bien llegarán los CLAP a vender comida a sus casas. De este modo se cumple la famosa frase de León Trostky: «[…] en el socialismo, el que no obedezca no comerá».
La comida vendida mediante los CLAP es traída del extranjero, comprada a empresas vinculadas al grupo de poder del Gobierno con dólares preferenciales y a sobreprecio, por lo que además de ser un instrumento de control, al igual que el control de cambio y el control de precios, es un negocio multimillonario para el grupo gobernante.
Los CLAP generan otra red de corrupción, ya que el militante del partido que vende las bolsas y cajas del CLAP es quien tiene el poder de decidir, en última instancia, quién come, qué come y cuánto come. Además, tiene la oportunidad de vender los artículos por separado en el mercado negro, favorecer a sus familias, amigos y partidarios. Así, el CLAP consolida el ciclo de control pero además incluye al militante de base en el círculo de corrupción y complicidad.
Adicionalmente, en el año 2017 el gobierno lanzó el carnet de la Patria y presionó a empleados públicos y militantes del partido a obtenerlo sin explicar para qué funcionaría. En el fondo, es un carnet de afiliación política que identifica a las personas no como ciudadanas sino como «patriotas». El plan es convertir al carnet de la patria en un instrumento de control, que genere cierto grado de chantaje político como los tres anteriores pero que, a la vez, no se convierta en un arma de doble filo que incremente el descontento en las calles de Venezuela. Por eso las funciones del carnet se han ido anunciado poco a poco.
El Gobierno ha anunciado que el carnet de la patria es indispensable para optar por las bolsas y cajas del CLAP, así como para obtener otras ayudas y programas sociales, tales como útiles escolares, medicinas y otros programas gubernamentales. Vemos como una vez más es excluida la mayoría de la población venezolana y se privilegia desde el gobierno únicamente a quienes lo apoyan o se porten «bien», en este caso, a quienes el Gobierno identifica como patriotas, dejando sobreentendido que el resto de la población son antipatriotas y deben estar excluidos de toda ayuda o programa gubernamental, esto en el contexto de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de nuestro país.
Sin embargo, nuestro mayor temor es que el carnet se vuelva indispensable para hacer trámites en instituciones del Gobierno como partidas de nacimiento, pasaportes o incluso para votar. En ese caso, estaríamos frente a un intento de eliminación de los derechos políticos y de sometimiento masivo de la gran mayoría de la población.
El Gobierno avanzará en sus fines totalitarios hasta donde la ciudadanía y la comunidad internacional se lo permitan. Aún está por verse cuál será el futuro del carnet de la patria pero está claro que se está convirtiendo en un documento indispensable para obtener alimentos y productos de primera necesidad.
Esto es un breve esbozo de las medidas económicas que ha aplicado el gobierno chavista para convertirse en dictadura. Nos queda claro que, más que medidas económicas, son medidas diseñadas para ser utilizadas como instrumentos de control político, cada una como consecuencia de la anterior. Hay que ser ingenuo para pensar que los desastrosos resultados económicos y sociales del gobierno venezolano son producto de una mala gestión económica y no el resultado de un proyecto totalitario hecho para empobrecer y controlar a la población.
Cada uno de los instrumentos comentados anteriormente fueron vendidos por el Gobierno a la población como soluciones a grandes problemas, que él mismo fue generando. Por más pretensiones totalitarias que tenga, un gobierno jamás logrará sus objetivos si no controla el dinero, la propiedad y la dignidad de la gente. Estas fueron las herramientas usadas en Venezuela. Nuestro mayor deseo es que no puedan ser exportadas al resto del continente. Esta serie de artículo tiene como objetivo fundamental mantener alertas a nuestros vecinos de la región sobre los mecanismos que pueden ser utilizados para someter a un pueblo.
Marco González | @MarcoG222 Economista (Universidad Católica Andrés Bello, Caracas). Cursa Maestría en Economía Empresarial. Militante de Primero Justicia
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