La violencia en las elecciones de México 2015
Diversos actos relacionados con el crimen organizado han empañado el proceso electoral federal y local de México durante este 2015. Los ataques y atentados que han cobrado la vida de candidatos, equipos de campaña y dirigentes partidistas son un riesgo para la estabilidad democrática del país.
Escudo Nacional de México. Palosirkka, WikimediaCommons.
Cercano a la recta final, el proceso electoral mexicano de 2015, que renovará el Congreso federal, 9 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en 17 de los 32 estados del país (un total de 2,179 cargos públicos en disputa), ha padecido los últimos meses un alto grado de violencia en distintas entidades, provocado por la intromisión del crimen organizado en el desarrollo de las campañas políticas.
De acuerdo con información del periódico Reforma, se han registrado 70 ataques tanto a candidatos como a equipos de campaña, dirigentes, asesores o militantes de los diversos partidos, que arrojan un total de 19 asesinados en nueve estados del país. Este clima de violencia, si bien ocurre en su mayor parte y hasta el momento en el nivel municipal, ha llegado incluso ha atentar contra la vida del candidato panista por la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho, y tiene sus principales focos rojos, además, en Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Michoacán.
Es de señalar, en ese sentido, la operación realizada por el narcotráfico en Jalisco, el pasado 2 de mayo, cuando diversas células del cártel Jalisco Nueva Generación bloquearon mediante el incendio de automóviles y unidades del transporte público, los principales accesos a la capital, Guadalajara; en el combate con las fuerzas públicas de seguridad, un helicóptero de la marina fue obligado a aterrizar luego de ser atacado con armas de alto calibre.
Otro aspecto a considerar se suma a estos hechos: la amenaza de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE), sindicato de maestros, de que en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México impedirán el desarrollo de la jornada electoral del próximo 7 de junio. Esta suma de sucesos ha llevado a que el gobierno destine unos 12 mil elementos de las fuerzas federales para prevenir actos violentos de las células del narcotráfico.
No obstante, la violencia de facto o latente que se presenta sobre todo en el nivel municipal es muy probable que incida no sólo en la participación de la ciudadanía en los procesos electorales sino, más grave aún, que siga minando la calidad de las campañas, de las candidaturas, de los propios partidos políticos y de los representantes surgidos de los comicios; en síntesis, que contribuya a seguir deteriorando la democracia mexicana, aún frágil, en proceso de construcción y consolidación desde hace varios años.
En ese sentido, el académico Andreas Schedler, en el ensayo “The Criminal Subversion of Mexican Democracy” (The Journal of Democracy, enero 2014), hace un listado de aquellas prácticas relacionadas con el crimen organizado que vulneraron la integridad de las elecciones en México en 2012, a saber: la infiltración del crimen entre las candidaturas; la dimisión de candidatos por amenazas; la capacidad de coacción para que en las campañas no se hable del narcotráfico; y la intimidación contra la participación de la ciudadanía. Estos hechos, cabe mencionar, siguen en desarrollo y presentes en este proceso de 2015, sin una autoridad que haga frente y garantice a la población afectada el derecho a elegir en paz.
Concluye Schedler que “La intromisión masiva de la violencia criminal en la vida y la política ordinarias destruye la fuerza, al autonomía y la integridad de la política democrática y de las instituciones representativas”. Si bien el nivel en el que ocurre durante este año es el municipal, es también ahí donde puede comenzarse una operación escalada que termine por socavar los cimientos de la democracia mexicana. No hay una estrategia preventiva de parte de la autoridad federal para evitar esta situación, sólo la del silencio, la de la omisión, la de respuesta antes que la de prevención. Escenario riesgoso para el presente y el futuro de la estabilidad y la calidad democrática nacional.
Carlos Castillo | @altanerias
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