Primeras señales del futuro gobierno mexicano
Las declaraciones y anuncios hechos por López Obrador y su partido, Morena, a un mes de las elecciones en México, tienden hacia un centralismo que debe mantener alerta a la oposición frente a cualquier riesgo de regresión democrática.
Andrés López Obrador y el presidente saliente Enrique Peña Nieto preparan el cambio de mando
Será el 1 de septiembre próximo cuando el nuevo Congreso mexicano, elegido en los comicios del pasado 1 de julio, asuma sus funciones bajo una conformación política en la que Morena tendrá un aproximado del 60 % de los escaños, esto es, cerca de 300 legisladores que acompañarán a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando rendirá protesta como presidente de la República.
Esta clara mayoría permitirá al futuro mandatario gozar de un claro —aunque no absoluto— margen de maniobra para realizar los cambios constitucionales que definan lo que ha llamado «la cuarta transformación» del país; en sus palabras, un cambio de régimen que apunta a modificar de manera profunda las bases que sustentan el orden público.
No está claro hasta el momento en qué consistirán esas modificaciones ni cuál será su alcance o su ruta: la ambigüedad de los compromisos de López Obrador es tal que incluso hay algunos que se contradicen entre sí. No obstante, algunas señales permiten vislumbrar que, por principio y tras la amplia legitimidad obtenida en las elecciones, podría regresarse a un centralismo que devuelva a la figura presidencial una relevancia que desde hace décadas ha sido acotada por la creación de diversas instituciones autónomas, el orden económico internacional, los contrapesos legislativos, un precario pero ya real fortalecimiento del federalismo o la Suprema corte de Justicia.
Los primeros anuncios del virtual mandatario electo, así como las declaraciones y señales emitidas por su partido, apuntan de manera clara en ese sentido. Resalta, por principio, la creación de 32 delegaciones del Gobierno federal, a razón de una por cada estado del país, que concentrarán las funciones que antes se encontraban repartidas en diversos ministerios, decisión que dotará a una sola figura de un poder tal que competirá en manejo de recursos y toma de decisiones con los gobernadores electos democráticamente, una figura que una parte de la prensa mexicana ha llamado los nuevos virreyes de la nación.
Otra señal de la forma en que podría desenvolverse el nuevo gobierno fue la reacción del propio López Obrador ante la multa de unos diez millones de dólares impuesta a su partido, a razón del mal manejo de recursos durante la campaña presidencial: tras el anuncio de la sanción, el otrora candidato de Morena arremetió contra la prensa crítica, desacreditó al Instituto Nacional Electoral y tachó la decisión de un intento de «la mafia en el poder» de manchar su buen nombre y reputación; esto, acompañado de una campaña en redes y diversos medios que, con un tono beligerante y nula aceptación a la crítica, descalificó a líderes de opinión, periodistas o sociedad civil que se sumaron a las demandas de esclarecimiento de los hechos.
A estas primeras reacciones hay que sumar la presencia de la directiva de Morena en el Foro de Sao Paolo, reunido en La Habana a mediados de este mes y donde Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, suscribió la declaración que respalda al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua tras la represión violenta y asesina de quienes se manifiestan en su contra desde hace meses. Esta postura, así como la intención del futuro gobierno de regresar a una política internacional de no intervención, podría implicar un grave retroceso en una materia en la que México había avanzado para sumarse, entre otras, a las condenas regionales contra los atropellos de Nicolás Maduro en Venezuela.
Un último aspecto tiene que ver con la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento a los partidos, realizada por Morena y presentada en el Congreso mexicano, tema que si bien ha sido aplaudido y respaldado por prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas y diversos actores de la vida pública, se presenta en un momento en que la oposición se encuentra debilitada, mermada y reducida tanto en el nivel federal como en el local, lo que complicaría en el corto plazo el fortalecimiento de quienes serán determinantes para fungir como contrapesos de un poder que tiende al centralismo y a la decisión cuasi unánime.
A un mes de haber triunfado en las elecciones, los primeros anuncios y acciones de López Obrador, así como muchas de las posturas asumidas por Morena, trazan un camino que no será sencillo ni fácil de transitar, y que exige tanto de la oposición como de la sociedad civil mexicana una madurez política que sea capaz de resguardar los avances que en las últimas dos décadas se han conquistado en los temas de libertades, de fortalecimiento de las instituciones que hacen posible la democracia y de contrapesos al poder central, construidos tras décadas de autoritarismo presidencial.
Un reto que, en suma, debe mantener alerta al país para frenar cualquier intento de regresión hacia el autoritarismo.
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