«Telegramgate» y la ética pública en las redes sociales
Los recientes escándalos en los que altos funcionarios gubernamentales en América Latina han utilizado un lenguaje desproporcionado en las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, abre el debate acerca de la aplicación de la ética pública a las comunicaciones de los servidores del Estado.
En julio pasado, un gran escándalo sacudió la arena política en Puerto Rico y América Latina cuando se conoció una serie de chats en los cuales el entonces gobernador de la isla Ricardo Roselló y un grupo de altos funcionarios del Gobierno —haciendo uso de la aplicación de mensajería instantánea Telegram— se refirieron en términos burlescos, groseros y obscenos acerca de las víctimas del huracán María, adversarios políticos y artistas boricuas de talla mundial como Ricky Martin.
Ello desencadenó las mayores protestas ciudadanas en la historia de Puerto Rico, las cuales fueron apoyadas por personalidades del espectáculo como Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee y Residente, culminando con la renuncia de varios de los funcionarios de alto nivel implicados y posteriormente, la dimisión del gobernador en cadena nacional. Este episodio fue bautizado por los medios locales como Telegramgate, en alusión al escándalo Watergate que forzó la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en los años setenta del siglo pasado.
Si bien el episodio acontecido en Puerto Rico es único en su especie y no ha sido replicado con idénticas características, en otros países latinoamericanos como Chile, Perú e incluso Colombia se han revelado mensajes de plataformas de mensajería instantánea que evidencian la manera desatinada en la que algunos funcionarios de alto nivel gubernamental escriben afirmaciones que no son propias de la dignidad de los cargos que ostentan.
En este punto, es importante cuestionarse acerca de si la ética de lo público, que debe irradiar el accionar de los funcionarios estatales, debe trascender el plano de las meras funciones del cargo y alcanzar la manera en la cual se expresan sus ideas en las redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La ética pública, según el doctrinante Oscar Diego Bautista, muestra aquellos principios, valores y virtudes deseables para ser aplicados en la conducta de la persona que se desempeña en la vida pública, y se construye día a día con la suma de decisiones de los funcionarios que laboran al servicio de la ciudadanía [1].
En ese sentido, el funcionario público íntegro no solamente observa la ética de lo público en el cumplimiento del deber, sino también en las comunicaciones que realiza mediante los medios digitales como WhatsApp, Twitter o Telegram, puesto que la investidura de servicio a la ciudadanía exige el uso adecuado de las herramientas tecnológicas y la expresión de ideas en forma acorde con los parámetros de respeto y confiabilidad.
Por lo tanto, las cuestiones éticas no son un imperativo abstracto, alejado de la realidad, que debe ser observado solamente con ocasión del servicio público, sino que estas deben irradiar cada acto del funcionario, pues desde cada uno de estos se refrenda el voto de confianza hacia la sociedad.
Las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea son herramientas eficaces para la expresión de las ideas y las comunicaciones en la era tecnológica, pero es cada persona quien determina el alcance y contenido de los mensajes.
En ese orden de ideas, los funcionarios gubernamentales tienen una responsabilidad inmensa sobre el contenido que difunden no solamente de manera pública, sino también en chats y foros privados, los cuales deben ser acordes con los principios que rigen la ética de lo público. No olvidemos que el mundo virtual y el mundo real son uno solo.
Nota:
[1] Diego Bautista, Oscar (2013). De la ética a la ética pública. Revista IAPEM, mayo-agosto, (p. 85), pp. 83-103. ISSN 1665-2088.
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