Visión 2030: la alianza Alemania-América Latina
El nuevo posicionamiento estratégico de la bancada parlamentaria CDU/CSU para Latinoamérica tiene como base la profundización del vínculo, la búsqueda de caminos comunes para preservar la democracia y fortalecer las instituciones y el comercio.
Visión 2030: una alianza para el futuro es la declaración estratégica de la Unión Demócrata Cristiana Alemana y la Unión Social Cristiana de Baviera con relación a América Latina. Un documento novedoso e interesante que muestra el interés de la principal fracción legislativa del Parlamento alemán en estrechar los lazos con la región que más comparte sus valores.
Ante las tensiones entre democracia y autocracia, libre comercio y proteccionismo, multilateralismo y unilateralismo aparece en primer plano la necesidad de consolidar un Estado de derecho funcional, que en todas sus actuaciones enaltezca el imperio de la ley y que tenga como bandera principal la igualdad sustantiva de las personas ante leyes que garanticen por igual amplias libertades, paz duradera, bienestar social y estabilidad política y económica.
Para la bancada de la CDU/CSU en el Budestag alemán la existencia de normas compartidas es un principio fundamental para forjar un sistema amplio de garantías y protección de los derechos humanos, sin excepción ni distingos, con atención prioritaria al fortalecimiento de las instituciones de defensa y promoción de los derechos de sectores vulnerables como las mujeres, y las comunidades y los pueblos indígenas.
Visión 2030 es un importante reposicionamiento en las relaciones entre Alemania y América Latina, con una visión renovada de los retos continentales, los desafíos mundiales y una propuesta de agenda de cooperación en los ámbitos bilateral, multilateral y global. El punto de partida es la necesidad de consolidar un Estado de derecho que funcione y que sea capaz de imponerse a todos los actores políticos, económicos y sociales, como pilar para consolidar la gobernanza democrática.
Un sistema democrático vigoroso demanda la existencia de un sistema de partidos competitivo, que permita superar las tentaciones autoritarias concentradoras del poder y la fragmentación del voto. Los partidos deben adecuar sus estructuras, programas y métodos para hacer frente a la crisis de confianza y representatividad, y convertirse en actores centrales del proceso político, garantes de la estabilidad, defensores de valores libertarios y democráticos y promotores del involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos.
Al interior de los poderes estatales deben combatirse las prácticas del nepotismo y la corrupción. La garantía de no impunidad es terminante para que imperen las normas y se sancione con eficacia cualquier vulneración de estas. Los poderes legislativos deben reforzar su función de representación y control, e incentivar la calidad del trabajo de los representantes populares. Los poderes judiciales deben concretar la aspiración de una justicia igual para todos. La unión virtuosa de democracia e imperio de la ley lleva al Estado democrático de derecho.
Las instituciones de seguridad, únicas competentes para ejercer coacción a nombre del Estado, se enfrentan al reto de su fortalecimiento institucional para hacer valer las normas que conllevan libertad, paz, bienestar social y estabilidad económica. El terrorismo y la delincuencia organizada amenazan la integridad de nuestras naciones y demandan una mejor comprensión de las cuestiones de seguridad, así como el desarrollo de capacidades de las fuerzas del orden y la conducción democrática de fuerzas armadas al servicio de la soberanía, la democracia y la paz. La recuperación de la confianza y la credibilidad en las instituciones estatales es crucial para contar con una región cada vez más estable y pacífica.
La vitalidad de las instituciones públicas y la prosperidad de nuestras sociedades debe complementarse con un modelo económico basado en los postulados de la economía social de mercado, consistente con el objetivo de lograr un crecimiento económico alto y sostenible, con una economía diversificada y la promoción del libre comercio ante los afanes proteccionistas.
Un aspecto crucial en la agenda de la CDU/CSU es la promoción de una economía basada en reglas, promotora de mercados abiertos y fundamentada en el uso responsable de los recursos, sustentada en un modelo regulatorio democrático y justo. Una política fiscal basada en la simplificación y la progresividad permite hacer frente tanto a la evasión como a la creciente desigualdad. La distribución más justa del ingreso y la fortaleza del sector primario son pilares de la prosperidad económica.
El desarrollo sustentable de las cadenas de valor en los sectores de materias primas agrícolas y extractivas, la consolidación de una sociedad nacional de la industria y los servicios y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son altas prioridades para que las generaciones futuras accedan a importantes recursos para su desarrollo.
En lo exterior, la prosperidad se sustenta en el libre comercio, los mercados abiertos y la defensa de la propiedad intelectual; en lo interior, el desarrollo se fortalece con inversiones permanentes en infraestructura, la modernización de los sectores económicos y la transferencia de tecnología y conocimientos para promover la innovación y el crecimiento.
La mejora de la calidad de vida de las personas es un imperativo del desarrollo económico y un objetivo central de la política social. La cohesión de nuestras sociedades se afianza con el fortalecimiento del capital social, basado en redes de confianza, en la participación de las comunidades en su propio desarrollo y en el acceso a bienes públicos de calidad para amplios sectores de la población.
La educación y la salud son pilares de la transformación social e instrumentos para el desarrollo pacífico e incluyente. Los servicios sociales no deben condicionarse a la situación laboral de las personas, sus fines deben ser universales y sus efectos deben sentirse en todas las comunidades. La pervivencia de sectores excluidos y vulnerables como los de las mujeres y los indígenas es contraria a la igualdad esencial de las personas y atenta contra los derechos fundamentales. El acceso a bienes públicos es una condición necesaria para luchar contra la exclusión, la marginación y la pobreza. La reducción de la pobreza extrema y la vulnerabilidad son imperativos para lograr una sociedad sustentable, abierta, libre, cohesionada y próspera.
La ciencia y la investigación son bases de la transformación social, instrumentos para la formación de élites en el diálogo y para abatir las brechas digitales que definen a nuestras sociedades. El desarrollo inclusivo, en la era de las noticias falsas y del predominio de Internet, es un medio privilegiado de libertad y una apuesta por un futuro en el que la segregación sea la excepción, y las normas que promueven las libertades, la paz, la inclusión el bienestar y la estabilidad sean la regla.
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